miércoles, 1 de septiembre de 2010


Kidnapping, Inc. El caso de la floreciente industria del secuestro


Varias son las fuentes de alimentación monetaria del terrorismo: por un lado, están las organizaciones caritativas que nutren de fondos al islamismo. La caridad islámica, ya se sabe… Luego están las donaciones directas y camufladas de estados como Venezuela o Irán. Tenemos igualmente el tráfico de drogas, como en Colombia y puede que pronto en México, donde la destrucción que las mafias están causando en el país puede ser terreno abonado para el resurgimiento del subcomandante Marcos, o una copia suya, próximo a la frontera de los USA. Y luego tenemos la obtención de fondos por medio de la extorsión y a través de la floreciente industria del secuestro. Resumiendo: los bolsillos del terrorista se llenan por cinco vías: la caridad mal entendida, las subvenciones estatales, el tráfico de drogas, las extorsiones y los secuestros. En este artículo nos centraremos en el último aspecto: los secuestros.

Así como los delincuentes roban dinero, los terroristas roban personas. Y las personas son canjeables por euros o dólares, naturalmente. Si los demandantes de fondos son los terroristas, los oferentes son los gobiernos. Y la mercancía intercambiable, por supuesto, son las personas secuestradas. Así que ya tenemos un mercado constituido: terroristas venden personas a los gobiernos. Es un mercado negro, naturalmente; ilegal, amoral, todo lo que queráis, pero un mercado al fin y a la postre. Un mercado sobredimensionado, en buena parte, a causa del intervencionismo estatal. De hecho, la existencia de los gobiernos como oferentes de fondos hace que el precio pagado por la mercancía sea muy elevado, superior al que se pagaría si éstos se inhibieran de actuar. Las razones son las siguientes: por un lado, los gobiernos tienen mucho dinero, que no es suyo y tienden a gastar con ligereza; por otro, los gobiernos temen que la opinión pública les dé la espalda si no compran la mercancía (liberan al secuestrado). Ambas razones impulsan el precio pagado por los secuestros al alza, expandiéndose el mercado como floreciente fuente de fondos para los grupos terroristas. Esto ha sido lo sucedido recientemente en el caso de España, que acaba de pagar entre 3 y 7 millones de euros (difícil precisar la cifra, pues no hay factura de la transacción) por la liberación, o mejor dicho, por el fin del secuestro, de dos españoles que se encontraban haciendo “turismo solidario” en el desierto del Sáhara. Si a esto sumamos los 5 millones de euros que ya pagó España por la liberación de unos nacionales suyos que estaban pescando en Somalia, vemos cómo el gobierno de España ha contribuido con una cifra próxima a los 12 millones de euros (15 millones de dólares) a la financiación de al-Qaeda.

Si los gobiernos no pagaran por los secuestros, se evitaría el chantaje creciente de las organizaciones terroristas. (Francia o el Reino Unido ya están empezando a no pagar.) Pero luego está la situación de las familias de los secuestrados, que sí desean la liberación. Una solución a este dilema sería la existencia de agencias de seguros que contemplaran la posibilidad del secuestro como un siniestro más. Si la empresa londinense Lloyds estableció un seguro de navegación para los petroleros que entraban y salían del Golfo Pérsico durante los peores años de la guerra entre Irán e Iraq, no hay razón para pensar que no pueda suceder lo mismo en el Sáhara. Retírese el gobierno como pagador y surgirán las empresas privadas. Quien quiera hacer “turismo solidario” que pague una prima de riesgo por realizar su actividad. Las empresas cobrarán una prima mayor o menor según las probabilidades de secuestro existentes, como es lógico.

Si el “turismo solidario” no es una industria rentable, como sí lo es el tránsito de petróleo, la existencia de primas de riesgo muy elevadas, como coste adicional del viaje, terminaría de deprimir esta actividad. O puede que el verdadero interés (y capacidad de pago) de algunos individuos o entidades solidarias pudiera sobrellevar este sobrecoste. En tal caso, las agencias de seguros podrían reducir las primas cobradas (proporcionales a la probabilidad de secuestro), si las caravanas solidarias fueran acompañadas, por ejemplo, de un grupo de mercenarios. O simplemente si los turistas solidarios fueran fuertemente armados. Puede que incluso parte de la población local estuviera interesada en el mantenimiento de la seguridad, pues ésta también le afecta a ellos, deprimiendo la actividad comercial o siendo ellos mismos objeto de secuestro, como sucede, por ejemplo, en Colombia. Si la seguridad afecta a más personas dispuestas a pagar por ella, la agencia de seguros expandiría su actividad hacia la provisión directa de servicios de seguridad, con los mercenarios ya mencionados, así como con agentes locales, negociadores, red de informantes que serían remunerados en función de la calidad de la información transmitida, etc. Es decir, que se iría creando un mercado “para el bien” competidor directo del mercado “para el mal” que es la industria del secuestro.

Las agencias de seguros/seguridad serían probablemente extranjeras. Hay quien ha esto lo llamaría colonialismo; yo lo llamo, simplemente, inversión extranjera.

Si el mercado es el espacio donde históricamente se ha producido la cooperación voluntaria de los individuos para satisfacer sus necesidades, no hay razón suficiente para pensar que en temas de seguridad fuera distinto. La seguridad es un bien necesario y hay gente que está dispuesta a pagar por ello, obviamente. Ya lo hacen, de hecho, de forma obligada cuando pagan sus impuestos. Si lo hicieran de forma voluntaria, a la empresa que ellos eligieran, la mercancía se produciría de forma más abundante, con mayor eficacia y a un menor coste, tal como hacen las empresas privadas.

Publicado en The Americano