La privatización del imperio romano

Lo que surgió tras la caída de Roma:

Durante los últimos siglos de la Antigüedad, la escasez relativa de esclavos y la baja productividad del trabajo eran incapaces de proporcionar los recursos suficientes para sufragar las necesidades administrativas y militares del Imperio. Ante eso, los emperadores aumentaron la presión fiscal –en una época en que se desconocía la “ley de Laffer”-, al tiempo que promulgaban leyes para obligar a los magistrados a sufragar sus propios cargos, y a permanecer en ellos de por vida. Unido a las perennes devaluaciones de la moneda y al control de precios, la política imperial forzó la huida masiva de la gente a los campos y el declive del comercio. El sistema económico romano había quebrado.

En ese contexto, el centralizado Estado romano se resquebrajó, consumido por las guerras civiles y las revueltas, y en su lugar surgieron multitud de mecanismos e instituciones descentralizadas encargados de cumplir con sus mismas funciones en materias tales como la seguridad, la ley o el comercio. Aunque los defectos de este nuevo sistema darían lugar al feudalismo, la semilla del contrato y la propiedad privada permanecerían para siempre en el bagaje cultural de occidente, y muchos de sus logros no serían borrados hasta la aparición del absolutismo o de los Estados modernos.

A causa de la explotación fiscal y de la corrupción se restauró la vieja práctica republicana del patronazgo; los campesinos libres se adscribían a la clientela de los hombres poderosos –frecuentemente senadores o altos oficiales- a cambio de la supresión de sus deudas o impuestos. En contraprestación, los campesinos les entregaban diversos servicios, incluso parte de sus parcelas. Sin embargo, estas relaciones eran esencialmente contratos entre iguales que las dos partes podían abandonar en cualquier momento. Se mantuvieron en el tiempo porque ofrecían a los campesinos salidas atractivas (sobre todo de seguridad) frente a las autoridades estatales.

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